Autoridad y educación

Ayer, en la Asamblea de Madrid, se puso la primera piedra para la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesor. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha optado por proteger a quienes, por desgracia en muchos casos, se tienen que enfrentar cada día a indisciplinas, burlas, amenazas, e incluso agresiones.
Se trata de un blindaje acertado y necesario, y es consecuencia del alarmante aumento de incidentes en el entorno colegial. Dotando de autoridad a los profesores, con lo que se les equiparará al nivel de los jueces entre otros, cualquier intimidación o agresión que pudieran sufrir, podría ser ser sancionada con penas entre uno y cuatro años de privación de libertad.

Esta iniciativa debería ser la punta de lanza de una ley que, en el marco de un acuerdo global en materia de educación, y sin distinciones entre comunidades autónomas, se promulgara para toda la nación. Pero la otra pata en la que apoyar esta medida, está sin duda en el entorno familiar: es exclusiva responsabilidad de los padres la enseñanza e inculcación de conceptos como el respeto a los demás, el civismo, una buena educación en las formas, y un buen uso de la libertad, así como muchos otros valores cuya carencia es cada vez mayor entre los jóvenes. Sin el apoyo paterno, será una ley disuasoria y punitiva, pero insuficiente para alcanzar un adecuado status de civismo por los que han de conformar la sociedad del futuro. La educación para la ciudadanía, empieza en casa.